Violencia Estructural y Pobreza

Guatemala presenta una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en el mundo. Según datos de UNICEF y la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2015, actualizada con proyecciones 2022) indica que; aproximadamente el 46.5% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, en áreas rurales e indígenas, la cifra asciende a más del 65%. 

Los Derechos Humanos Vulnerados son entre ellos; Derecho a la alimentación, (Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), Derecho a la Salud, (Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Derecho a la igualdad y no discriminación,  (Constitución de Guatemala, Art. 4), Derecho a la niñez a un desarrollo pleno, (Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 27).

La desnutrición crónica infantil puede considerarse una forma de violencia estructural porque es el resultado de estructuras sociales, económicas y políticas que excluyen a ciertos grupos impidiéndoles acceder a alimentos, salud, agua potable y educación. Nos es un hecho aislado, sino una consecuencia evitable de la desigualdad. 

Las instituciones del Estado que deberían de garantizar el derecho a la alimentación y salud de los niños, son; 

· Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

· Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

· Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

· Ministerio de Educación (MINEDUC), en lo referente a alimentación escolar.

Las limitaciones estructurales que perpetúan este problema son;

· Falta de inversión pública en salud y nutrición.

· Corrupción que desvía recursos.

· Desigualdad económica y territorial.

· Falta de políticas de Estado continuas y efectivas.

Nosotros como Universitarios para contribuir a  reducir la desnutrición infantil podríamos;

· Promover voluntariados universitarios en comunidades rurales para educación nutricional.

· Desarrollar proyectos de investigación aplicada en colaboración con municipalidades.

· Usar redes sociales para visibilizar el problema y exigir transparencia en la ejecución de programas públicos.