La tergiversación de la narrativa histórica en Guatemala (Entrevista)

 La tergiversación de la narrativa histórica en Guatemala

Introducción

El conflicto interno surgió de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, lo que se impone—sin duda— es concentrarse en «combatir las causas» que lo generaron. Para tales fines se proponen políticas públicas determinadas que, en general, van en la línea de las que impulsaron en su momento los guerrilleros: reparto de la tierra mediante algún tipo de reforma agraria que afecte las propiedades rurales, promoción de las lenguas indígenas, restricciones al libre comercio, ampliación del sector estatal, leyes contra el racismo y la discriminación, etc.

En Guatemala, este tipo de relato se ha organizado omitiendo el proceso real de la lucha, su génesis concreta y algunas características de su desarrollo. Se mencionan fenómenos de naturaleza estructural como si fueran las reales y eficientes causas de los intentos de subvertir el orden existente que realizaron organizaciones armadas —que por su propia naturaleza debían apelar a la violencia— aunque solo se menciona su sed de justicia social y no los actos que cometieron.

La memoria es subjetiva y colectiva, mientras que la propaganda manipula la memoria con fines políticos, y la verdad histórica busca una reconstrucción crítica y contextualizada del pasado.

Contexto 

No se trató de una insurrección indígena brutalmente reprimida, sino —como ya se ha mencionado parcialmente— de la acción de grupos insurgentes que, procedentes del exterior de las comunidades rurales y guiados por una ideología revolucionaria, intentaron obtener el apoyo de campesinos y colonos.

Es cierto que, en algunos casos, dichos grupos guerrilleros lograron cierto respaldo entre la población. Sin embargo, ese apoyo fue parcial, limitado y temporal, y solo se manifestó durante períodos relativamente breves, como lo confirman diversas investigaciones independientes (Le Bot, 1992/1997; Sabino, 2018).

En el contexto de la Guerra Fría, el ambiente internacional y la opinión pública en Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar. Un énfasis cada vez mayor en la defensa de los Derechos Humanos, unido al rechazo de políticas represivas, generó un giro hacia posturas más críticas frente a los gobiernos autoritarios y a los conflictos armados en América Latina.

Los campesinos permanecieron indiferentes ante sus acciones y se manifestaron decididamente en su contra por las simple razón que eran derechistas.

Informes REMHI (ODHAG) y CEH (ONU)     

La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) y la de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Los acuerdos de paz, como dijimos, crearon una comisión especial para redactar un informe sobre lo acontecido durante el enfrentamiento armado. El informe se publicó en 1999, pero ya en el año anterior la Iglesia católica había dado a conocer el resultado de otra investigación que tenía el mismo cometido. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) llevó a cabo el extenso Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como el REMHI, cuyo informe publicó en cuatro tomos en abril de 1998. El escrito muestra el peculiar sesgo ideológico que dio la Iglesia a la interpretación de lo sucedido durante el conflicto: una orientación tal que, de algún modo, convenía a sus propósitos de explicar —y sin duda justificar— la participación de muchos de sus miembros en favor de la guerrilla. Mientras la Iglesia recogía testimonios en comunidades indígenas para elaborar el REMHI, funcionaba también la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) que las Naciones Unidas habían nombrado para escribir el informe que se le había encomendado como parte de los acuerdos de paz (Guatemala: Memoria del silencio, en 12 tomos). La composición de la comisión —Christian Tomuschat, Otilia Lux de Cotí y Alfredo Balsells Tojo— no se caracterizó por su equilibrio, ya que sus tres miembros tenían simpatías obvias y evidentes hacia el bando insurgente.

El período de mayor actividad fue el comprendido entre 1979 y 1983: en estos años creció la guerrilla e intentó dar golpes cada vez más audaces, pero fue derrotada en lo esencial, particularmente porque la población campesina se volcó finalmente en su contra. Hasta 1982 los habitantes de las aldeas y de las zonas rurales habían quedado atrapados «entre dos fuegos», sometidos a las constantes exigencias de la guerrilla y las brutales represalias del Ejército (Le Bot, 1992/1997; Stoll, 1993). Pero hacia finales de 1981 muchos pobladores organizados trataron de llegar a acuerdos con el Ejército que les permitiera recibir su protección a cambio de colaborar con sus acciones.

Hablar de «violencia estructural», a nuestro juicio, es dejar la puerta abierta para cualquier interpretación de los hechos, aun las más antojadizas, pues se trata de términos tan poco precisos, tan vagos, que podrían aplicarse casi sin restricción a cualquier sociedad, y sin duda a todas las de Latinoamérica.

La definición de genocidio de la ONU, por cierto, excluye de este delito a las matanzas que se hayan realizado por causas políticas o militares.

Consecuencias de la tergiversación

El dato de las 200 000 víctimas proviene de la CEH y se llega al mismo no por un conteo efectivo de casos conocidos y documentados, sino por la vía de la simple aplicación de una fórmula estadística; el cálculo, por otra parte, no se efectúa sobre la información de las tres bases de datos que maneja la Comisión, sino sobre una muestra que se extrae para cada una de ellas, aduciendo razones que resultan muy poco atendibles. Ni la descripción del conflicto —en el que nunca hubo batallas de magnitud ni formaciones militares grandes—, ni el número de personas involucradas, ni la información censal o las recuperaciones de restos humanos que se ha efectuado posteriormente, permiten sostener que hubiese un número total de víctimas tan grande. Aun aceptando que los datos sobre las masacres que se hicieron a la población civil fuese el máximo señalado por algunas fuentes, la cifra total de víctimas no podría llegar, ni lejanamente, a las 200.000 que se mencionan. Por eso efectuamos un cálculo, mucho más realista, que sigue de un modo aproximado el método que usó Hugh Thomas para el caso de la guerra civil española de 1936 a 1939. Nuestro resultado es que la cifra más probable de víctimas fatales ronde alrededor de los 37.000 casos, un número bastante alto aun así, pero varias veces menor que el que proporciona la CEH (Sabino, 2020).

En efecto, un número de cientos de miles de muertos resulta apropiado para quienes, a través de organizaciones no gubernamentales o desde el propio estado guatemalteco, desean disponer de fondos cuantiosos para llevar adelante diversas políticas: labores de promoción en zonas rurales, programas de resarcimiento, políticas sociales específicas o, en otros casos, juicios penales a los supuestos responsables de tan extendidas matanzas. Hablar de 200 000 víctimas sugiere una lucha en gran escala —que no hubo en Guatemala— y predispone a la ayuda internacional por una parte y, por la otra, a la dureza con que se juzgue a los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Reflexión del autor

Según Sabino (2020), la tergiversación de la historia funciona como un método de lucha política que continúa incluso después del conflicto armado, ya que distintos actores buscan imponer una narrativa que legitime su versión de los hechos, oculte responsabilidades y mantenga poder simbólico. Él señala ejemplos concretos de sesgo narrativo, como la construcción de una historia oficial que privilegia ciertos hechos, minimiza la participación de algunos actores —como la guerrilla o sectores civiles armados— y exagera o manipula cifras o categorías de víctimas, lo que afecta directamente la forma en que se aplican los derechos humanos, pues la memoria histórica puede usarse tanto para reparar a las víctimas como para instrumentalizar la justicia con fines políticos. Aunque algunas de sus observaciones coinciden con lo que hoy se enseña en Guatemala —como el reconocimiento del conflicto armado interno, la importancia de la memoria y la existencia de la CEH— su crítica contrasta con los contenidos educativos cuando denuncia que la enseñanza oficial sigue reproduciendo una versión parcial, simplificada y emocionalmente cargada, sin profundizar en la complejidad de los actores, causas y consecuencias. Si bien Sabino busca objetividad y recurre al análisis crítico de fuentes, también refleja un sesgo propio al posicionarse claramente contra lo que denomina “historia oficial”; sin embargo, ese sesgo no anula la validez de su advertencia sobre el uso político de la memoria. Como lección para el presente, su análisis plantea la necesidad de promover una memoria plural, verificable y abierta al diálogo, que no reduzca el pasado a bandos irreconciliables, pues solo una historia que reconozca múltiples voces —y no una versión impuesta desde el poder— puede servir para evitar la polarización y favorecer una reconciliación real.

Entrevista a Don Francisco de 50 años.